Rafael Hernando niega politización y responde a Ruth Ortiz que al PP se le invitó al acto
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado este martes que su formación esté politizando a las víctimas y familiares de muertes violentas en su defensa de la prisión permanente revisable y ha recalcado que miembros del PP fueron invitados a la concentración de Huelva contra la derogación de esa figura penal.
De esta forma ha respondido a Ruth Ortiz, la madre de los niños Ruth y José asesinados por su padre José Bretón, que ha lamentado que el PP "utilice" a las víctimas y ha dicho que la multitudinaria concentración del domingo en la Plaza de las Monjas de Huelva "no era un acto para que políticos del Partido Popular se aprovecharan" de las víctimas. Acudieron la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, entre otros.
En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando ha dicho que "respeta" las "críticas" de Ruth Ortiz y de "todo el mundo" pero, a su juicio, "no tienen razón en este caso" porque la presencia de cargos del PP obedecía a "una invitación de los convocantes".
En este sentido, ha insistido en que los organizadores de esa concentración "invitaron al Partido Popular". En el caso de Fátima Báñez, ha subrayado que es diputada por Huelva y, por lo tanto, es "lógico que estuviera".
Hernando ha señalado además que invitaron a "otras autoridades" como la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "decidió no estar allí". "Cada uno que dé las explicaciones. Nosotros vamos donde se nos invita y ésta es una iniciativa ciudadana que ha recogido tres millones de firmas ya", ha señalado, en alusión a la plataforma que abanderan padres de víctimas como el de Diana Quer, Mari Luz Cortés o Marta del Castillo para evitar la derogación de la prisión permanente revisable.
Así, el portavoz del PP ha afirmado que "aquí no hay politización sino que hay unas personas que están defendiendo lo que defiende el 80 por ciento de los ciudadanos españoles" para que ante "crímenes execrables" haya seguridad de que cuando salen a la calle estén "completamente rehabilitados".
