Cuatro vecinos de El Calabacino han sido ya llamados a declarar ante el juez por sus viviendas ilegales
El juzgado de instrucción de Aracena que lleva el caso denunciado por la Fiscalía por las construcciones ilegales de los vecinos de El Calabacino (Alájar) ha llamado ya a declarar a cuatro vecinos de la ecoaldea para conocer la situación y tramitación legal de estas viviendas. Según ha informado el abogado defensor de los vecinos, Ignacio Segura, en declaraciones a Diariodehuelva.es hasta el momento solo uno de estos vecinos ha sido imputado formalmente de un delito penal que seguirá su cauce. Aunque la investigación se centra hasta en 22 de las 45 viviendas de la aldea habrá que estudiar "caso por caso" para ver cuales son finalmente constitutivas de un posible delito según el ordenamiento jurídico.
Del mismo modo, aunque ya existe una orden de derribo por parte del Ayuntamiento de Alájar contra una de estas viviendas y se han iniciado expedientes contra otra veintena de viviendas, Segura ha señalado que "no existe ninguna fecha para ese derribo" ya que al estar instruyéndose un caso por vía penal, ese procedimiento tiene preferencia, por lo que hasta que no haya una resolución definitiva no se procedería a ningún derribo.
Según el abogado defensor, "lo normal es que el procedimiento termine en sentencia" para lo cual asegura que cuenta con "jurisprudencia suficiente como para obtener una sentencia absolutoria". Segura, que está especializado en este tipo de conflictos en el entorno rural, manifiesta que desde 2003 cuenta con sentencias en las que la propia inacción de la administración al permitir la construcción de estas viviendas determinaron una sentencia absolutoria para sus clientes.
En cualquier caso, Segura ha señalado que estamos en un momento procesal "muy temprano" por lo que la Fiscalía y el juez tendrán que analizar los años de construcción y la tipología de las mismas para ver que tipo de delitos y cuantas personas están involucradas.
Al margen de las actuaciones de defensa judicial, los vecinos de El Calabacino están llevando a cabo acciones paralelas encaminadas a cambiar la normativa actual con una agenda de reuniones con las administraciones que llevarán hasta el parlamente. "Sin perjuicio de determinados hechos constitutivos de diversas infracciones, si utilizamos el sentido común nos damos cuenta de que no tiene sentido que estos hechos sean delictivos. Estas construcciones no son especulativos, se fueron generando de forma espontanea y surgieron ante la inactividad de la propia administración", asegura el abogado defensor.
Además, insiste, estos vecinos llevan un modo de vida ejemplar y utilizan biomateriales ecológicos, no producen residuos, se nutren de energía solar y son un ejemplo de como se debería vivir integrados en el ecosistema". Por ello, como "consecuencia de este absurdo vamos a instar a las autoridades legislativas a modificar la ley para dar cabida a este tipo de ecoaldeas"
Según ha relatado Ignacio Segura, la legislación de medio ambiente lleva ya 30 o 40 años gestándose y la normativa que da cabida a las infracciones de El Calabacino datan del año 1975 por lo que es una norma preconstitucional". En aquella época no se podían prever estilos de vida como los de El Calabacino ya que el medio rural era un foco de pobreza, incomunicación e incultura que no tiene nada que ver con lo que es hoy día El Calabacino" por lo que "hay que tener en cuenta estas razones sociológicas hacia una comunidades que no tienen ningún sesgo de agresión medioambiental".
De los 114 habitantes de El Calabacino —40 de ellos niños— de momento cuatro vecinos estarían bajo sospecha al considerarse ilegales sus viviendas por estar edificadas sobre suelo protegido del corazón del paraje natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. En el único escrito de acusación hasta hoy recibido por la defensa, el Ministerio Público solicita dos años de prisión, multa de 5.800 euros y la demolición de una casa para uno de los matrimonios que habitan en El Calabacino, que tiene dos hijos de tres y cinco años.
