El juez que investiga el incendio de Moguer pide 73 millones de fianza a la carbonera
El Juzgado de Instrucción número 2 de Moguer ha ampliado hasta los 73,2 millones de euros la fianza que solicita a dos responsables --el administrador único y a otro colaborador en funciones de dirección-- de la carbonera ubicada en la localidad, en la que la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIFF) apunta el origen del incendio forestal en el paraje de 'La Peñuela' el pasado 24 de junio, que afectó a 8.486 hectáreas en el entorno de Doñana, un caso que ya cuenta con más de 200 perjudicados personados.
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado le reclama esta cantidad para asegurar las eventuales responsabilidades pecuniarias derivadas de esta causa, apercibiéndole que de no hacerlo así, se procederá al embargo de bienes de su propiedad en cantidad suficiente para responder a la suma que se le reclama.
Esta cantidad es la que ha cifrado la Consejería de Medio Ambiente tras sumar los daños causados por el citado incendio y el juzgado asegura que esta fianza se trata de una nueva petición al personarse nuevos perjudicados, cuyos daños también deberán en su caso ser cubiertos.
A su vez, el juzgado no solo exige una ampliación de la fianza, sino también un requerimiento de la misma para la carbonera, al tratarse de una persona jurídica, responsable civil subsidiaria a la que se le presume mayor capacidad económica.
De las actuaciones realizadas por el juzgado, que acordó el pasado mes de octubre ampliar hasta los 18 meses el plazo de instrucción de la causa por su carácter complejo, se desprende que los hechos suponen indicios racionales de criminalidad por un delito de incendio forestal imprudente.
Estos indicios se extraen del informe de la BIFF donde se recoge que el origen del fuego pudo estar en el contacto de algunas partículas de carbón vegetal, producidas horas antes del incendio, las cuales se convirtieron en ascuas por acción del viento y fueron transportadas por éste, entrando en contacto con la vegetación
En el citado informe, que concluye que la causa única que produce el incendio es una negligencia relacionada con la actividad de la empresa, la brigada asegura que la misma "no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas para minimizar y evitar cualquier situación de riesgo" y que no cumplía con algunas condiciones que la Consejería solicita en la autorización de su actividad.
De igual manera, el juzgado sostiene que aquel día "hubo un momento en el que la fábrica se quedó sola, cuando en la referida autorización hace mención a una vigilancia permanente", así como que la empresa "solo tenía tres hornos autorizados cuando en realidad existían doce, siendo los dos últimos construidos este año" y que el plan de autoprotección de la empresa contra incendios, que se autorizó en agosto de 2007, no ha sido modificado a pesar de haberse ampliado la actividad.
Por todo ello, el juzgado ha decidido ampliar esta fianza hasta los 73 millones de euros y destaca en el auto que solo la extinción ha supuesto un coste de casi 1,5 millones de euros, a lo que debe añadirse todos los daños ocasionados a perjudicados, entre ellos, el camping Doñana y usuarios del mismo, de los que existen distintos presupuestos y facturas aportadas al procedimiento, y los daños reclamados por el Abogado del Estado.
No obstante, el juzgado señala que en el caso de que a lo largo del procedimiento disminuyese el importe de las posibles responsabilidades pecuniarias, podrá reducirse la fianza.
PRINCIPALES DAÑOS
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destaca en un informe aportado a la causa que el cómputo global de los aprovechamientos forestales atendiendo a todas sus explotaciones y con la suma de valores productivo, recreativo y ambiental, asciende a 71,03 millones de euros, sin contar los gastos de extinción, cifrados en 1,5 millones.
Cabe recordar que este incendio afectó a superficies de Palos de la Frontera, Lucena del Puerto, Almonte y Moguer, aunque en mayor medida a este último municipio y al Espacio Natural de Doñana. En concreto alcanzó a 8.486 hectáreas un perímetro total de 10.339, y unas 2.000 personas tuvieron que ser evacuadas de los camping, establecimientos hoteleros, viviendas particulares y fincas agrícolas.
En concreto, la Junta cifra en 3,3 millones de euros las pérdidas de renta por el aprovechamiento de madera y leña, al afectar el fuego a un peso total de 195.729 toneladas de madera en las 8.008 hectáreas de pino piñonero. A su vez, dentro de las pérdidas relacionadas con aprovechamiento forestales deben computarse unos 691 euros, derivados de la imposibilidad de producir miel por un periodo de tres años hasta que se recupere la vegetación de la zona.
Por la pérdida del valor recreativo la Junta estima este coste en 3,5 millones de euros, teniendo en cuenta la renta por cinco años hasta que se recuperen los montes públicos afectados para ser rentables. Del mismo modo, la prohibición del pastoreo en zonas incendiadas durante este mismo periodo asciende a 63.819 euros.
MUERTE DE UN LINCE
Sobre la fauna amenazada, en la actualidad tan solo es posible estimar el coste por la muerte del ejemplar del lince ibérico del Centro de Cría en Cautividad de El Acebuche, cifrado en 60.000 euros. Se trataba de 'Homer', una de las hembras de lince ibérico reproductoras en el citado centro que falleció como consecuencia del estrés sufrido durante la captura y el transporte por el desalojo llevado a cabo a causa del incendio.
En cuanto a las instalaciones de la Consejería se vieron afectados por el fuego tres puntos de información, la pasarela de Cuesta Maneli, dos senderos señalizados, un área recreativa, el carril cicloturista del Asperillo, 13 pasos de retorno de lince en carretera, tramos de vallado y una cancela de acceso a la Torre del Loro, cuya cuantía en su conjunto asciende a 260.680 euros.
Por otro lado, son muy numerosas las infraestructuras que se han visto dañadas que no son titularidad de esta administración por lo que no se incluyen en la valoración, tales como cuatro líneas eléctricas de alta tensión, una línea telefónica, tres antenas de telefonía móvil, un cuartel de la Guardia Civil, el Parador Nacional de Mazagón, la zona de lanzamiento de cohetes experimentales del INTA, dos camping ocupados en el momento del incendio y que tuvieron que ser desalojados, gaseoductos e instalaciones de perforación, instalaciones militares del Campo de Tiro del Médano del Loro o cinco posos artesianos del Ayuntamiento de Moguer, entre otras.
Sobre el aprovechamiento cinegético, el incendio afectó a cuatro cotos de caza, tres de ellos de titularidad de la Junta de Andalucía y un cuarto del Consistorio moguereño, y teniendo en cuenta que se dejarán de percibir durante cuatro temporadas el canon de aprovechamiento cinegético y que el perjuicio económico anual para la Junta será de 9.846, y para el Ayuntamiento de 4.531, el coste en conjunto es de unos 57.508 euros para estas cuatro temporadas.
También el fuego ha truncado el aprovechamiento de la piña durante 35 años, que es el tiempo que requieren los nuevos pies arbóreos que se repueblen en crecer y madurar hasta alcanzar su fase productiva. Por tanto, teniendo en cuenta que la superficie total de pinar de pino piñonero afectada es de 8.008 hectáreas y que el valor medio por hectárea es de 2,30 euros, el coste por pérdida de producción en montes públicos de la Junta se estima en 644.644 euros.
La suma de todo ello alcanzan los 73,2 millones de euros, que es la cantidad que solicita el citado juzgado de Moguer de fianza.
