El exalcalde de Aljaraque queda libre pero condenan a Casto Pino
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, aunque con otros magistrados, ha vuelto a absolver al exalcalde de Aljaraque el popular Juan Manuel Orta, que estaba acusado de un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2004 y de un delito continuado de falsedad documental, así como a su socio A.G.V., que también estaba acusado de este último delito, al considerar que no ha quedado fundamentada la acusación.
No obstante, ha condenado al que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, a un año y medio de prisión, por un delito contra la Hacienda Pública en el ejercicio de 2003, al pago de una multa de 387.537 euros y de una indemnización a Hacienda de 193.768 euros, absolviéndole de cohecho y de blanqueo de capitales y de otro delito contra la Hacienda Pública, correspondiente al ejercicio de 2005.
Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, tras el juicio llevado a cabo el pasado mes de junio, tras aplazarse en dos ocasiones y celebrado por segunda vez después de que el Supremo ordenara de nuevo su celebración al considerar que la nulidad de las escuchas telefónicas se declaró de modo indebido, así como las pruebas derivadas de estas escuchas y la prescripción de los delitos de falsedad, la Sección Primera los ha vuelto a absolver.
Cabe recordar que la acusación pública y la Abogacía del Estado reclamaban para el exregidor del Partido Popular dos años de cárcel por un delito de falsedad en documento mercantil, a los que añadían otros tres años y seis meses de cárcel por un delito contra la Hacienda Pública, con una multa de 300.000 euros.
Esta causa comenzó a raíz de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en Madrid presentada en enero de 2007 por el empresario y exmilitante del PP Rafael Barroso, en la que acusaba a Orta y Pino del supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos, cuestión que Orta negó durante la vista oral desvinculando en todo momento su actividad empresarial y la de alcalde de la localidad aljaraqueña.
Por su parte, Rafael Barroso, durante su declaración, aseguró que "el Ayuntamiento era una red clientelar para enriquecerse a costa del urbanismo salvaje que se estaba produciendo allí en aquellos años", sin embargo, finalmente, la Sección Primera ha vuelto a emitir una sentencia absolutoria, al considerar que no ha quedado probada la acusación.
