Huelva registra 78 agresiones a profesionales sanitarios de enero a octubre de este año
La agresión el pasado lunes a un vigilante de seguridad por parte de un enfermo en el Hospital Juan Ramón Jiménez ha vuelto a poner sobre la mesa un problema al que se enfrentan los trabajadores sanitarios. La provincia de Huelva lleva registradas 78 agresiones a profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de enero a octubre de este año, 11 de ellas físicas y 67 verbales. Se trata de unas cifras que se han reducido en comparación con el mismo periodo del año anterior, en el que se notificaron 119 (13 físicas y 106 verbales), según los datos aportados por la Delegación de Salud de la Junta.
El sindicato CSIF denunció en el primer trimestre de este año que se produce una media de una agresión cada 2,7 días a los profesionales sanitarios en la provincia de Huelva y señala que en todo 2016 sumaron 133 casos en el ámbito onubense, lo que supone un aumento del 125% respecto a 2015, cuando se registró un total de 59. Aunque este año se ha reducido, sindicatos y Administración coinciden en que ha habido un repunte de las agresiones en los últimos años ¿A qué se debe? Para la Junta, la concienciación de los trabajadores a la hora de denunciar las agresiones verbales y no sólo las físicas es la principal causa de que los casos hayan aumentado de un tiempo a esta parte.
Los sindicatos reconocen que ahora se denuncia más que antes, pero culpan también a los "recortes" del aumento de las agresiones. En este sentido, el responsable de Sanidad del CSIF en Huelva, César Cercadillo, apunta que "la falta de recursos humanos está haciendo que se demoren las citas, aumenten las listas de espera y que el profesional tenga menos tiempo para atender a cada paciente, que acaba cargando contra el trabajador". De hecho, según este sindicato, los más afectados por agresiones fueron los médicos, con un 40,09%; seguidos por el personal de Enfermería, un 34,3%, y los auxiliares de enfermería, un 21%. De los trabajadores no sanitarios, el colectivo que registra más situaciones de este tipo es el personal de gestión con el 42,3%, seguido de los celadores con un 41,7%.
CCOO también lo achaca a los recortes sufridos con la crisis económica. Su responsable de Sanidad, Juan José Rodríguez, tira de un estudio realizado por su sindicato en el que se observa que con la crisis la curva de agresiones se dispara y culpa de ello a "los recortes, las reducciones de personal y la presión en los centros a partir de 2010".
Los sindicatos aseguran que esta situación está repercutiendo en la salud de los profesionales, que sienten temor ante los usuarios, y apuestan por "la adecuación de las plantillas y una mejora organizativa". Reconocen que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha medidas de protección y seguridad –en concreto 1.766 en Huelva, según datos de la Administración autonómica-, entre las que se incluyen vigilantes, timbres antipánico, interfonos, teléfonos, cámaras de seguridad, detectores de metales o salidas alternativas, pero sostienen que no son suficientes. César Cercadillo propone "aumentar los vigilantes de seguridad, especialmente en aquellos centros donde hay mucha gente y que el botón antipánico suene en todo el centro para que se sepa que ha habido una agresión". Para Juan José Rodríguez, es importante, además, que "se potencie la labor del trabajador social, que puede hacer una labor preventiva en este sentido".
Además de estas medidas de seguridad, los sindicatos insisten en la labor de educación de la población, algo en lo que, a juicio del representante de CCOO en Huelva, "debe implicarse toda la sociedad, desde los ayuntamientos, a las fuerzas de seguridad o los servicios sociales y educativos".
Para hacer frente a esta problemática, la Consejería de Salud puso en marcha en 2005 el 'Plan de prevención y atención a agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz', que implica la activación de un protocolo a través del cual se oferta apoyo tanto psicológico como jurídico a los profesionales afectados. También contempla medidas de formación y seguridad, así como la creación de dicho registro donde se contabilizan estas agresiones.
El trabajador afectado cuenta, desde el primer momento, con apoyo psicológico y asesoramiento jurídico, siempre que decida denunciar lo ocurrido. En este sentido, la Junta recuerda que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de justicia. Durante el año pasado, el SAS prestó 10 asistencias letradas a profesionales afectados en Huelva, que se saldaron con nueve sentencias condenatorias a los agresores.
