Denuncian a la alcaldesa de Almonte por falsear un documento para el Defensor del Pueblo

La demanda también se ha interpuesto contra el edil de seguridad ciudadana y la jefa de la Policía Local

Los responsables de la asociación animalista Animaliüs han presentado en los juzgados de La Palma del Condado una demanda judicial contra la alcaldesa de Almonte, Rosario Espinosa, el edil de Seguridad Ciudadana, Antonio Joaquín Díaz y la jefa de Policía Local, Paqui Borrero por los delitos de falsedad documental y otro de perturbación con el fin de impedir un derecho cívico como es el derecho de reunión.

La denuncia se basa, según la documentación presentada ante el juzgado de Instrucción de guardia y a la que ha tenido acceso Diario de Huelva, en una serie de documentos remitidos al Defensor del Pueblo tras una queja ciudadana de esta asociación y que no se corresponderían con la verdad según se refleja en el escrito presentado en los juzgados.

Los hechos se remontan al 29 de agosto de 2015 cuando los responsables de la Asociación Animalius, junto a los de la Asociación La Sonrisa Animal, quisieron protagonizar junto a un nutrido grupo de personas una concentración y posterior protesta en la playa de Caño Guerrero de Matalascañas para exigir playas para perros en el municipio, una concentración que contaba con el beneplácito de la Subdelegación del Gobierno.

Sin embargo, el día de la concentración, a los manifestantes se les permitió el acto de reunión, pero no bajar a la arena de la playa tal y como se establecía en el requerimiento por lo que un agente de la Policía Local les impidió este acto.

Ante este contratiempo, desde la Asociación Animalius se presentó una queja formal al Defensor del Pueblo Andaluz solicitando su intervención por estos hechos, queja que fue admitida a trámite. La investigación del Defensor del Pueblo fue contestada desde el Ayuntamiento de Almonte en un informe de la Policía Local en la que se asegura que "se les niega la posibilidad por estar la playa llena de gente y con la marea alta, lo que podría suponer un problema de orden público y que tras consultar con la Subdelegación del Gobierno en Huelva, se informó a los manifestantes que la protesta debía desarrollarse por el paseo marítimo".

Pese a que en un primer momento el Defensor del Pueblo Andaluz cerró la queja tras recibir las explicaciones del Ayuntamiento, desde la asociación animalista decidieron insistir al comprobar que en la explicación aportada había algunas precisiones que no se correspondían con la realidad.

Entre ellos, en la denuncia se establece que: "El informe de la Policía Local sobre mareas supone una falsedad, ya que el 29 de agosto de 2015 en Matalascañas la pleamar se produjo a las 15.42 horas, mucho después de la hora autorizada para el término de la manifestación a las 14 horas y mucho después de la hora de inicio de la manifestación".

Vista la falsedad de este informe, que era fácilmente comprobable en una tabla de mareas, el Defensor del Pueblo reabrió la queja y volvió a solicitar explicaciones al ayuntamiento de Almonte y además, en esta ocasión se dirige además a la Subdelegación del Gobierno para comprobar su actuación en la deriva de los hechos para que la manifestación finalmente no se desarrollara en la orilla de la playa.

En esta ocasión, la investigación del Defensor del Pueblo da un nuevo giro ante la contestación de la Subdelegación del Gobierno donde se señala que "no se autorizó ni por escrito ni por teléfono ningún cambio en el recorrido de la manifestación" por lo que para los denunciantes constituye otro ejercicio de falsedad documental castigado en el código penal con penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a 24 meses e inhabilitación especial  de dos a seis años en ejercicio público.