Crean una app para calcular la generación de energía fotovoltaica en pueblos de Huelva

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha creado una aplicación, en la Web del Camino de Sol (www.caminodelsol.org), que permitirá visualizar el potencial generador de energía fotovoltaica de todos y cada uno de los municipios onubenses de hasta 100.000 habitantes: ahorros posibles por autoconsumo, ahorros municipales e incluso los ingresos que podría obtener cada localidad a través de proyectos sociales de generación.

Para explicar estas y otras cuestiones, Anpier celebra hoy en la Cámara de Comercio de Huelva, a las 18:30 horas, una jornada sobre generación social fotovoltaica, enmarcada en la III Edición del Camino del Sol. En el acto intervendrán Juan Antonio Cabrero, vicepresidente de Anpier y Miguel Carra Vilar, delegado de Anpier en Andalucía.

Como ejemplo, de todos los resultados que ofrece la aplicación, Anpier destaca los del municipio de Almonte (considerando que 2 de cada 10 familias invirtieran en parques fotovoltaicos, 3 de cada diez instalaran sistemas de autoconsumo y que un 75% de los consumos de los ayuntamientos fueran realizados a través de parques municipales fotovoltaicos).

Así, en Almonte, si 2 de cada 10 familias almonteñas -que en este municipio serían 1.548 familias- destinaran 16.500 euros en una instalación cooperativa de generación fotovoltaica, lograrían los siguientes resultados: participaciones de 20 kW por familia, que supondría un parque de 31 MW, cuyos ingresos totales alcanzarían los 45.000.000 euros transcurridos 25 años, a repartir entre las familias inversoras. Unos retornos económicos que se quedarían en la comarca.

En el caso del autoconsumo en viviendas privadas, el consumo eléctrico del 30% de las familias de Almonte alcanza los 6.502.000 KWh/anuales, y la potencia total necesaria del conjunto de todas estas instalaciones de autoconsumo sería de 4 MW. Pues si un 30% de las familias que residen en la ciudad de Almonte instalaran sistemas de autoconsumo fotovoltaico lograrían, 25 años después, ahorrar 18.459.000 euros en gasto energético. Un montante que también se quedaría en la ciudad.

Con respecto al autoconsumo para edificios públicos y alumbrado de Almonte, el requerimiento eléctrico de los edificios públicos estimados estaría en el entorno de los 9.841.000 KWh/anuales y en el alumbrado público exterior en 3.089.000 Kwh/anuales aproximadamente, por lo que, se necesitaría una planta de autoconsumo municipal para autoabastecer el 75% de los requerimientos eléctricos totales de 6MW, que tendría un coste de 4.600.000 euros y un ahorro anual para las arcas municipales de 1.367.000 euros. El retorno de la inversión, teniendo en cuenta el ahorro acumulado durante 25 años, sería de 29.603.000 euros.

Desde Anpier se ha recordado que Andalucía tiene 3.127 horas de sol al año, sin embargo, la tasa de paro en Andalucía es del 25%.

Miguel Ángel Martínez-Aroca ha declarado que “las horas de sol de estos territorios son un activo irrenunciable para paliar las altas tasas de desempleo y los bajos niveles de renta”  y ha denunciado que “El marco normativo actual entorpece cualquier modalidad de autoconsumo y veta a las iniciativas sociales el acceso a la generación para suministro a red, de tal forma que el recurso Sol queda en manos de grandes fondos internacionales, como otrora quedó en manos de potencias extranjeras la riqueza mineral de nuestro subsuelo”.

Con el eslogan “Las familias queremos participar en la producción de energía”, esta asociación está recorriendo toda España, con 27 actos programados, para trasladar a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los políticos y a los responsables de todas las Administraciones autonómicas, las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse todos y cada uno de ellos.

Anpier promueve en esta edición el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos, algo que sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales bloquean el acceso de los españoles a la generación en cualquiera de sus modalidades: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

Durante este Camino del Sol 2017 se escucha la voz de las 62.000 familias españolas, 1.600 onubenses, que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus bienes para apoyar el desarrollo de un nuevo modelo energético en España solicitado por el propio Estado, y que ahora ven como este Gobierno sí indemniza a los inversores foráneos.

Anpier alertará también de la gravedad que supone la destrucción del colectivo de las 62.000 familias fotovoltaicas y denunciará que el Gobierno pretende expulsar a estos pequeños operadores y disuadir a la sociedad de acceder a este mercado para mantenerlo en modo oligopolístico. Todo articulado por un marco regulatorio insostenible a la vista del primer Laudo Arbitral del Banco Mundial y, previsiblemente, de todos los que se vayan fallando.

El Defensor del Pueblo ya se pronunció al respecto de esta injusticia. Después de que Anpier advirtiera de la elevada posibilidad de que se diera esta circunstancia, tal y como ha ocurrido, a lo que el Defensor respondió: “esta Institución considera que por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países. (…) De lo contrario, el cambio retributivo de la energía fotovoltaica únicamente comportaría un sacrificio singular sobre un colectivo determinado (en este caso, los inversores españoles) que resultarían afectados de una manera especial al no tener a su alcance los medios que el TCE habilita para los inversores extranjeros y, en particular, del recurso al arbitraje internacional. Se daría además la situación paradójica de que los inversores españoles se verían perjudicados comparativamente en su acceso a las pertinentes medidas compensatorias” y solicitaba: “Adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía”.

Los pequeños productores fotovoltaicos españoles exigen que se les otorgue la misma justicia que ha obtenido este primer fondo internacional y que, muy probablemente, alcanzarán también el resto de los fondos extranjeros, una treintena, que están pendientes de la resolución de sus casos en el Ciadi, Banco Mundial. Resulta inaceptable que por una misma situación, el Estado indemnice el daño causado a los grandes inversores internacionales y ordene la ruina de sus nacionales.