"Me atrevo a decir que el proyecto de gas no saldrá adelante"

El nuevo delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva, José Antonio Cortés Rico, afronta el cargo con numerosos retos por delante. En esta entrevista concedida al diariodehuelva.es hace un repaso de muchos de ellos

Pregunta: ¿Cómo afronta esta nueva etapa de su amplia trayectoria política?

Respuesta: Por muy amplia que sea, como usted dice, esta etapa la afronto con mucha ilusión. Para mí es un reto después de tres décadas dedicadas a la gestión municipal, con un paréntesis para trabajar en la Delegación del Gobierno de España en Andalucía. Es un nuevo reto porque es una responsabilidad completamente distinta y creo que era el momento de afrontarla. Lo tuve claro cuando me lo propusieron. Solo faltaba que en el ámbito familiar, en mi equipo de Gobierno en el Ayuntamiento y en el partido tuvieran la misma percepción. Y se dio el caso finalmente. Llevo pocos días, pero estoy comprometido y trabajando mucho desde el primer minuto. No puede ser de otra manera. En Huelva tenemos el espejo del consejero, que es de la tierra y que está realizando un gran trabajo por la provincia y por Andalucía. Ya lo pensaba antes de incorporarme a este puesto y en escasos días lo he podido comprobar de primera mano.

P: ¿Cuáles son los retos y objetivos fundamentales que se marca como delegado territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía?

R: Precisamente, el principal reto es poner todo mi trabajo y mi experiencia a disposición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Hablar de objetivos concretos ya hoy sería osado porque esta Delegación tiene áreas muy complejas y muy distintas y a pocos días de mi nombramiento es difícil dar prioridad a algunos asuntos por encima de otros. De todas formas, los grandes temas están en la mente de todos. Y, por otra parte, sería un iluso si dijera que José Antonio Cortés Rico va a solucionar todos los problemas medioambientales de Huelva de un plumazo. Desde luego, quiero ayudar a ello, pero hay que tener en cuenta que debe haber un trabajo en equipo y que muchos de estos asuntos trascienden incluso la competencia territorial porque tienen un calado regional.

En cualquier caso, considero que el denominador común a todos ellos lo tengo muy asimilado. Todos tienden a procurar el desarrollo sostenible. Vengo de un parque natural en el que continuamente se trabaja para hacer compatibles el medio ambiente y la actividad humana. Es nuestro caballo de batalla. Con más de un tercio de superficie catalogado como espacio protegido, Huelva tiene mucho que decir en el contexto del medio ambiente de Andalucía. Existen asuntos pendientes a los que se enfrenta la Junta de Andalucía con firmeza desde hace tiempo, pero no siempre es fácil atender los intereses de todos. Yo lo voy a intentar.

sería un iluso si dijera que José Antonio Cortés Rico va a solucionar todos los problemas medioambientales de Huelva de un plumazo

P: Uno de los temas medioambientales que está de plena actualidad en Huelva es el proyecto de almacenamiento y extracción de gas en Doñana, que recibió el visto bueno del Gobierno central. ¿Qué medidas piensa hacer su Consejería para evitar un proyecto al que la Junta ya se ha opuesto?

R: Nosotros vamos a tirar de todos los recursos y herramientas legales que estén a nuestro alcance. De hecho, es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Me atrevo a decir que ese proyecto no va a salir adelante, aunque hay que esperar a conocer el posicionamiento definitivo del Gobierno. Nosotros tenemos las ideas muy claras.

Pedimos y hasta exigimos al Gobierno central que paralice el proyecto de Gas Natural en el entorno de Doñana y realice una nueva evaluación ambiental. De lo contrario, la Junta de Andalucía acudirá a los tribunales para paralizar el proyecto amparándose en el informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Por mucho que se diga lo contrario, el informe es claro en este sentido como ha puesto de manifiesto nuestro consejero, José Fiscal, en diversas ocasiones.

 Por cierto, nuestro consejero ha enviado una carta a la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la que solicita la paralización del proyecto de almacén de Gas Natural en el entorno de Doñana en virtud del informe que alerta de la posibilidad de que este proyecto aumente la sismicidad de la zona. También le pide que el estudio de su afección se haga de manera conjunta.

La protección de Doñana es prioritaria, por lo que se hará todo lo que se tenga que hacer para garantizarla, y ahora disponemos de una herramienta muy importante, como es el informe que el CSIC le ha remitido al Defensor del Pueblo, para ir hasta donde tengamos que acudir con el objetivo de frenar el proyecto. En este sentido, en el último pleno del Consejo de Participación de Doñana se puso de relieve que el CSIC alerta de riesgo sísmico que acarrea el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana.

El proyecto de explotación y almacenamiento de gas se divide en cuatro subproyectos (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) que han sido objeto de evaluación ambiental independiente y no conjunta, como debía ser. El propio Defensor del Pueblo Nacional defiende que los informes que constan en su poder no evalúan en profundidad los riesgos sísmicos de la inyección de gas y su impacto sobre el acuífero. Creo que ahora sí tenemos herramientas suficientes para oponernos al proyecto de frente. No ocurrió así cuando comenzaron los sub-proyectos fuera del espacio natural.

Me atrevo a decir que el proyecto de gas en el entorno de Doñana no va a salir adelante, aunque hay que esperar a conocer el posicionamiento definitivo del Gobierno

P: El futuro de Doñana también depende de su compatibilidad con la agricultura de regadíos, tan importante para la economía de la zona. ¿Existen fórmulas que hagan compatible la preservación del espacio con los intereses de los agricultores que demandan seguir regando en las zonas que ahora no permite el Plan de la Corona Norte de la Junta?

R: Es que los intereses de los agricultores pasan por la regulación legal, la seguridad jurídica y la conservación de un espacio natural que es patrimonio de la zona, también por sus generaciones futuras. Y todo eso está en un Plan que tuvo el consenso de todos cuando se aprobó. La obligación de la Junta de Andalucía es ordenar los regadíos. Que nadie dude de que vamos a aplicar el Plan aprobado para ello, ya que supondrá un beneficio para el medio ambiente, para Doñana y para los propios agricultores. De todas formas, conviene tener una foto panorámica de la situación para no llevar a equívocos. En el 90 por ciento de la superficie afectada por el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, no hay problemas ni con las fincas ni con los terrenos que estas ocupan. Se escuchan voces reclamando a la administración autonómica que se les garantice que no perderán las tierras que han sido de sus padres y abuelos en el Condado y que defienden como agrícolas desde siempre. Ciertamente, es un asunto que nos ocupa de una manera enorme y que tratamos con muchas sensibilidad desde hace tiempo. Mis antecesores y compañeros trabajan en el marco de la ley, para que el máximo número de hectáreas queden incluidas en la regulación. Pero insisto, sólo existen problemas con un 10 por ciento de la superficie afectada por el plan y se está trabajando para ver, siempre dentro del marco de la ley, qué parte se puede incluir y normalizar. Nuestra tendencia al diálogo siempre ha sido visible.

P: Doñana también se ha visto afectada por este verano por el grave incendio que se declaró recientemente en Moguer. ¿Qué medidas tomará su Consejería para paliar los daños ocasionados?

R: Hablamos en presente porque ya se están tomando medidas. No en vano, antes de ser dado por extinguido el incendio ya se constituyó el equipo de trabajo que lleva a cabo la recuperación. Estamos en una primera fase en la que se ha priorizado la seguridad física de la población. Con un presupuesto de 370.000 euros se están retirando todos los restos, tanto forestales como de infraestructuras, que suponen un riesgo para las personas. Después vendrán otros proyectos para la reforestación propiamente dicha.

En realidad, el grupo de trabajo científico-técnico que se encarga de diseñar la recuperación ambiental de la zona afectada por el incendio de Las Peñuelas de Moguer trabaja ya en este cometido. Tenemos que lamentar que afectara a una superficie de 8.486 hectáreas, de un perímetro total de 10.900 hectáreas de territorio. Nuestra mirada está ya en el horizonte de la recuperación, por más que haya que lamentar, como digo, una desgracia medioambiental. Al mismo tiempo, celebramos que no hubiera pérdidas personales y que el INFOCA, junto al resto del dispositivo que trabajó en la extinción, impidiera una dimensión mayor. Creo que este dispositivo ha demostrado en este incendio que es uno de los mejores de Europa.

En este grupo de restauración al que me refería, coordinado por Miguel Ángel Maneiro, del Espacio Natural de Doñana, participan técnicos y responsables de las administraciones públicas (los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera, Almonte y Lucena del Puerto, Diputación Provincial de Huelva, Junta de Andalucía), las universidades de Huelva, Sevilla y Granada, y expertos en materia de biodiversidad, entre otros. Nuestra jefa de servicio en Huelva Ana Warleta tiene un gran peso en los trabajos.

P: Muchos ciudadanos muestran su temor en las redes sociales de que los incendios sean provocados con el objetivo de satisfacer intereses económicos con una supuesta recalificación del suelo quemado. ¿Cree que están fundados esos temores? ¿Se puede recalificar suelo quemado en Andalucía?

R: La redes sociales tienen un potencial enorme. Yo soy un usuario habitual. Pero muchas veces su utilización puede inducir a equívocos. Se dijeron muchas cosas a propósito del incendio. Y se siguen diciendo. Algunas son absurdas y perdón por el adjetivo porque cada uno puede expresarse como quiera siempre desde el respeto. La ley es suficientemente rigurosa como para pensar que hoy en día alguien puede provocar un incendio para recalificar. Basta con leerse la ley. Sin entrar en profundidades, tengo que decir que cuando se hace un cambio de uso en una finca o un monte lo primero que se hace es comprobar en el INFOCA si la superficie en cuestión ha sido afectada por un incendio. Y si es el caso, el cambio de uso queda anulado. Es solo un ejemplo. Igual que digo esto, digo que la Junta de Andalucía es implacable con el origen de los incendios. Hay una brigada de investigación dentro del INFOCA para investigar cómo se producen los fuegos y se persona en la causa cuando lo tiene que hacer. En el caso del incendio de Las Peñuelas, esta brigada ya ha entregado el informe y serán los tribunales los que decidan. La Junta de Andalucía se ha personado como acusación porque la gravedad de los hechos así lo requieren.

La ley es suficientemente rigurosa como para pensar que hoy en día alguien puede provocar un incendio para recalificar

P: Lo cierto es que estamos asistiendo este verano a un incremento considerable de incendios y de hectáreas calcinadas, si bien el Infoca es considerado un modelo de política contra incendios en todo el mundo. ¿A qué cree que es debido ese incremento? ¿Van a tomar medidas para tratar de prevenir aún más este tipo de siniestros?

R: Es cierto que llevamos más del doble de siniestros que el año pasado por estas fechas. En cuanto la superficie quemada, hay un matiz importante: Los incendios de Moguer, sobre todo, de Minas de Riotinto, de El Cerro de Andévalo y de Gibraleón representan más del 90 por ciento de todas las hectáreas en lo que llevamos de año. Sin ellos, la cifras serían similares a los últimos ejercicios. Recientemente ha habido una reunión de administraciones y cuerpos competentes para intensificar la labor inspectora y de vigilancia, realizar una mayor divulgación con nuevas campañas de concienciación e incrementar esfuerzos para investigar las causas de los fuegos que este año han afectado ya a algo más de 9.600 hectáreas, frente a las 260 de 2016.

No vamos a negar que la tendencia de 2017 es negativa, pero el INFOCA está a la vanguardia de la defensa de la naturaleza en Andalucía al tiempo que el dispositivo de la lucha contra incendios se ha convertido en un ejemplo modélico en la prevención y extinción de los incendios forestales. Esta afirmación no es contradictoria con los lamentables incendios que estamos sufriendo este verano. Más aún, estas desgracias medioambientales han confirmado que el dispositivo está muy preparado y que contamos con unos grandes profesionales, aunque nos gustaría que no se hubiese quemado ni una hectárea.

Huelva es la provincia con más masa forestal de toda la comunidad autónoma, y este año 630 profesionales componen el dispositivo provincial distribuidos en cuatro centros: el Centro Operativo Provincial y los centros de defensa forestal de Galaroza, Cabezudos y Valverde del Camino. El esfuerzo en extinción es importante, como lo ha sido el de prevención. El trabajo estaba hecho y a partir de octubre lo retomaremos, pero un incendio es impredecible.

P: Hablar de medio ambiente en Huelva también es hablar de los fosfoyesos. Su Consejería forma parte de la Mesa de Participación que se creó en el seno del Ayuntamiento para buscar una solución consensuada a este problema. ¿Apoyará usted, si así lo considera la comisión de expertos, la salida de los fosfoyesos de la marisma, aunque el coste exceda al que tiene que afrontar Fertiberia y tenga que poner dinero la Administración?

R: En este y en otros asuntos, a los técnicos y expertos siempre hay que escucharlos y hay que seguir sus indicaciones. Otra cosa es cómo se gestiona o cómo se aplica esa solución concreta. Para eso estamos los gestores. Dada la complejidad de este problema, nosotros preferimos ir paso a paso y en la actualidad estamos centrados en evitar que el proyecto de Fertiberia salga adelante tal y como se ha planteado. Nosotros consideramos insuficiente y manifiestamente mejorable el proyecto de clausura de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos. Así se desprende de las alegaciones que presentó la Junta de Andalucía. Y esperamos que el Gobierno de la Nación también lo vea así y no cierre en falso este asunto. El Estado debe ser sensible con esta cuestión por tratarse de un problema importante y un conflicto histórico en el que la práctica unanimidad de la sociedad, no sólo ciudadanos sino también científicos, tienen un consenso práctico en que el proyecto no vale. En nuestras alegaciones se expone el criterio de la administración autonómica sobre el Estudio de Impacto Ambiental elaborado y sobre el proyecto de clausura presentado por la empresa, declarados como idóneos por la Administración General del Estado.

Estamos centrados en evitar que el proyecto de Fertiberia salga adelante tal y como se ha planteado

P: Otro problema medioambiental en Huelva fue el reciente vertido que se produjo en una presa minera de La Zarza. ¿El estado de las presas de minas en desuso es el mejor de los posibles para evitar, en la mayor medida, estos vertidos? ¿Se puede hacer algo más para evitar que se repitan estos episodios? Y si es así, ¿se está haciendo?

R: La Junta de Andalucía ya trabajaba en esta cuestión antes del vertido de La Zarza. Y hablo en general de la Junta conscientemente, puesto que no es un asunto que podamos resolver exclusivamente desde la Delegación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Desde luego, es uno de los asuntos que está en mi agenda, pero lo abordaremos con el resto de delegaciones y administraciones con competencia en el ámbito minero. A nosotros nos preocupa porque es un riesgo para el medio natural, pero hay que buscar el origen en esas minas y tomar decisiones preventivas.

Por otro parte y aunque yo lo viví como un onubense más, quiero destacar la actuación de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y de la Junta en general a propósito del vertido de La Zarza para evitar una desgracia medioambiental descomunal. Fue un incidente grave. Se declaró el nivel 1 de emergencia. Pero se consiguió evitar un desastre, por ejemplo, en Marismas del Odiel.

P: La mayor parte de su trayectoria política la ha dedicado a ser alcalde de su pueblo, Fuenteheridos. ¿Le ha sido difícil tener que dejar la Alcaldía? ¿Está el Ayuntamiento en buenas manos?

R: Mucho. Han sido muchos años y seguro que voy a echar de menos el día a día. En cualquier caso, creo que era el momento de cambiar y por eso me ha costado menos. Primero porque tengo la satisfacción del deber cumplido. Nadie puede acudir al programa electoral a reprocharme nada porque siempre se ha ido cumpliendo. Y, segundo, porque hay relevo. Raúl Esteban Pérez Vázquez es una persona joven, preparada, con capacidad para conectar con los ciudadanos y conocedora de los problemas y necesidades del municipio que es lo más importante a la hora de atender las demandas ciudadanas.

P: Vivimos en una época en la que la política y los políticos no gozan, en general, de buena reputación. Usted que ha dedicado la mayor parte de su trayectoria a la política local, donde la inmensa mayoría de los políticos ni siquiera recibe ingresos de la política, ¿qué le diría a las personas que, por sistema, hablan mal de los políticos?

R: Para empezar, generalizar en cualquier ámbito conlleva una enorme injusticia. Y en este en concreto por el que usted me pregunta le digo que ese deterioro de la imagen del político parte principalmente de la corrupción. Y los corruptos son una minoría en el espectro de toda la política. Le hacen un gran daño al político de a pie especialmente en momentos de crisis como los que hemos pasado y seguimos pasando en muchos sentidos. A la gente le cabrea tener a varios familiares en paro y escuchar que uno u otro se ha llevado dinero de la caja.

Afortunadamente, y esto es una percepción personal, ese desprestigio de la imagen no se detecta en zonas rurales salvo en excepciones. En Fuenteheridos somos 700 habitantes y hasta este momento al menos me siento muy querido. Sabemos el trabajo que se hace y la honradez ha sido una bandera. También en otros miles de municipios.