viernes. 29.03.2024
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Evaluar los riesgos del gasoducto de Doñana: Primera decisión del nuevo Defensor

El Defensor del Pueblo de Andalucía va a pedir de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero
Evaluar los riesgos del gasoducto de Doñana: Primera decisión del nuevo Defensor

El exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán que acaba de asumir el cargo de Defensor del Pueblo en funciones, tras la marcha voluntaria de Soledad Becerril, ha tomado como primera decisión en su mandato al frente de esta oficina investigar la documentación existente acerca del gasoducto que la empresa Gas Natural pretende construir cerca del paraje natural de Doñana.

El Defensor  del Pueblo Español habría pedido informes acerca de esta construcción como primera medida, después de que la Junta de Andalucía hubiera anunciado una posible querella en los tribunales tras recibir varios informes que alertan del riesgo de terremoto de las inyecciones de gas.

Según se recoge en una nota enviada por la nueva oficina: “A juicio de esta Institución es necesario conocer el criterio del Instituto Geológico Minero de España con carácter previo a la formulación de resoluciones sobre esta cuestión del gasoducto”, ha explicado su departamento, en la que también avanza que el Defensor del Pueblo de Andalucía va a pedir de oficio a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que informe sobre las medidas que va a adoptar para frenar la sobreexplotación del acuífero del que vive el parque.

 La Administración demanda que se haga una evaluación ambiental conjunta de las cuatro zonas en las que se divide el proyecto de gsoducto (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar), ya que hasta ahora solo se han realizado cuatro evaluaciones independientes. Esta es una de las razones a las que alude el Defensor para pedir al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que valore si el riesgo sísmico ha sido debidamente considerado en las declaraciones de impacto ambiental.

Acerca de este caso, el PP ha pedido el cese del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, por usar documentos del CSIC, que supuestamente, a juicio del propio Partido Popular, no existen, una tesis a la que ya ha respondido el propio Fiscal con unas declaraciones en las que considera que la petición del PP es fruto de su "desesperación" por haberse quedado "solo" en la defensa del proyecto de gas en Doñana.

Ante esta polémica sobre el gasoducto, el diariodehuelva ha podido acceder a los informes a los que se refería José Fiscal y ha podido comprobar que realmente existen. En concreto hay dos informes, uno que el CSIC envía al Defensor del Pueblo Andaluz y otro realizado por uno de sus investigadores.