viernes. 29.03.2024
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Estiman en 35.000 los onubenses que se beneficiarán del Decreto Ley de las cláusulas suelo

Loles López alaba la "sensibilidad" del Gobierno de Rajoy para poner en marcha un sistema que viene a agilizar los cobros de cantidades, lo que evitaría a priori el colapso de los juzgados
Estiman en 35.000 los onubenses que se beneficiarán del Decreto Ley de las cláusulas suelo

Loles López alaba la "sensibilidad" del Gobierno de Rajoy para poner en marcha un sistema que viene a agilizar los cobros de cantidades, lo que evitaría a priori el colapso de los juzgados

La secretaria general del PP-A y senadora por Huelva, Loles López, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en Huelva para alabar las políticas de vivienda del Gobierno de Rajoy, y concretamente se ha referido a la "sensibilidad" del Ejecutivo tras conocer la sentencia europea de las cláusulas suelo, aprobando Decreto Ley que contempla procedimiento gratuito, rápido y ágil para los afectados por cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas. Con esta medida, los usuarios tienen la posibilidad de reclamar su dinero en un plazo máximo de tres meses.

PP

López ha señalado que en la provincia de Huelva podría haber, "según nuestras estimaciones", unas 35.000 personas que podrían beneficiarse del decreto del Gobierno.

Con este método que ofrece el Gobierno se establece un mecanismo de reclamación paralelo al procedimiento judicial, que busca, por un lado, evitar el colapso de los tribunales de justicia y, por otro, facilitar al consumidor un procedimiento rápido para recuperar las cantidades indebidamente cobradas.

Este procedimiento es, además, obligatorio para los bancos, que en un mes como máximo deberán asegurarse de que todos los clientes afectados conozcan la existencia del nuevo sistema de reclamación. Para los ciudadanos afectados, el procedimiento es voluntario. Si se decide reclamar, el consumidor debe dirigirse a su entidad de crédito, que sí está obligada a contestar, bien con la remisión del cálculo de lo que tendría que abonarse, incluyendo los intereses, o las razones por las que no considera la reclamación (puede ser que la cláusula suelo aplicada no sea opaca).

El Decreto Ley establece que el proceso no puede durar más de tres meses y la devolución debe ser abonada en efectivo, aunque se permite que consumidor y entidad pacten un sistema alternativo de pago. Por ejemplo, mediante la reducción de cuotas de la hipoteca.

En cualquier caso, si el pago no es en efectivo, debe quedar constancia de la plena comprensión por parte del consumidor de dicho acuerdo y sus condiciones. Además, se recoge que el Gobierno puede crear un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones, en el que estarán presentes consumidores y abogado.