Acaip ve ridícula una sentencia contra dos presos que metieron a un funcionario en una celda y le agredieron
El sindicato afirma que "no refleja la gravedad de los hechos" cuando al principal acusado le han caído 10 meses de cárcel y al otro recluso siete meses
El sindicato de prisiones Acaip ha mostrado su "preocupación" por una sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva sobre los graves hechos sucedidos el 4 de mayo de 2014 en el centro penitenciario de La Ribera, donde un funcionario que prestaba servicio en un módulo que alberga a los internos más peligrosos, fue introducido por la fuerza dentro de una celda y agredido por dos internos, agarrándolo del cuello y propinando golpes a dicho funcionario.
Incluso uno de los agresores reconoce, según obra en la documentación en el proceso, que la intención de los acusados era secuestrar al funcionario para realizar una serie de reivindicaciones a la dirección del centro.
Acaip ha recordado que la gravedad de los hechos no fue mayor por la decisiva colaboración de otros reclusos y la rápida intervención de los funcionarios, que evitaron que la integridad de su compañero corriera peligro. Aun así, el funcionario fue objeto de graves daños no sólo físicos sino también psicológicos, siéndole preciso tratamiento psicológico.
Para el sindicato, la resolución judicial no refleja la gravedad de los hechos al condenar a los acusados por estos hechos con las penas de prisión de 10 meses y multa de 3 meses para el principal acusado, mientras que l otro interno que participó en la agresión ha sido condenado a 7 meses de cárcel y 3 meses de multa.
A juicio de Acaip, la sentencia "parece dar mayor credibilidad a las declaraciones realizadas por los acusados" que a los testimonios del funcionario agredido, funcionarios intervinientes en el incidente e internos que acudieron en auxilio del funcionario.
En este sentido, y a la vista de los hechos, desde Acaip han dicho no entender "cómo se puede graduar de esta manera el delito de atentado recogido en la sentencia", ni mucho menos atenuar la pena por entender que los dos acusados actúan en estado de arrebato u obcecación alegando, citando palabras textuales de la sentencia: “Cuasi obsesión tienen ambos internos con que están siendo perseguidos sistemáticamente de forma intencionada”, cuando el principal acusado ha sido condenado por treinta delitos a lo largo de su dilatada trayectoria delictiva, de los cuales tres de ellos han sido delitos de atentado contra los funcionarios públicos y otros tres por resistencia o desobediencia grave contra funcionarios públicos.
El sindicato recuerda que un servidor público, como lo es un funcionario de instituciones
penitenciarias, debe gozar de la mayor protección en el ejercicio de sus funciones, y por ello entiende que las condenas deberían ser más acordes a la gravedad del hecho. De otro modo, podría darse la "impresión de que agredir a un funcionario de prisiones sale realmente barato".
Los trabajadores penitenciarios tienen derecho de una mayor consideración y protección administrativa y judicial, cuestión ésta que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "se niega a contemplar", lamenta Acaip, que insiste en que sentencias de esta naturaleza "en nada ayudan al
colectivo que representamos". El sindicato ha anunciado que prestará la asistencia jurídica necesaria al funcionario agredido para que dicha resolución judicial sea recurrida y "luchar jurídicamente para un mayor castigo de este tipo de hechos para obtener una mayor protección de nuestro colectivo ante este tipo de agresiones".
