La Junta destina 18 millones a reparación de daños por las lluvias torrenciales
El Consejo de Gobierno autoriza una financiación extraordinaria de 15,3 millones a obras de emergencia en Huelva, Cádiz y Málaga, más otros 2,7 al arreglo de infraestructuras municipales
El Consejo de Gobierno ha autorizado una financiación extraordinaria de 15,3 millones de euros para las obras de emergencia en infraestructuras viarias, hidrológicas y educativas de titularidad autonómica dañadas por las lluvias torrenciales de principios de diciembre en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga. Esta cantidad se consignará con cargo al denominado Fondo de Contingencia del Presupuesto de la Junta para 2016, una dotación diferenciada destinada a atender necesidades imprevistas y sin cobertura en las cuentas autonómicas.
En Huelva, las obras se centrarán en dotar de estabilidad los terrenos por donde discurre el Túnel de San Silvestre, en la conexión del Canal del Granado-Arroyo del Cuco-Canal de Enlace Directo, y en la reposición de la almenara 3 del Canal del Piedras, donde se han ocasionado desprendimientos e inestabilidad de taludes, con riesgo de rotura e interrupción de suministro.
Asimismo, la Consejería de Educación realizará, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, reparaciones en 40 centros educativos de las tres provincias por un importe total de 2 millones de euros. Los trabajos se centrarán en el arreglo de grietas, graderíos, muros y cerramientos.
Infraestructuras municipales
Asimismo,, el la Junta tamibén ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto ley por el que se destinan 2,7 millones de euros a la reparación urgente de las infraestructuras municipales dañadas por el temporal en las tres provincias.
La medida tiene como fin evitar la paralización de servicios de competencia municipal esenciales para la salud, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía, principalmente los vinculados a infraestructuras de abastecimiento de agua potable; evacuación y tratamiento de aguas residuales; acceso a los núcleos de población; pavimentación y señalización de vías urbanas; alumbrado público; limpieza viaria; cementerios; recogida y tratamiento de residuos; prevención y extinción de incendios, y conservación y mantenimiento de edificios de Educación Infantil, Primaria o Especial.
El decreto ley incluyen también la consideración de proyectos financiables los referidos a la reparación o adquisición de mobiliario urbano dañado; la limpieza de vías urbanas; la adquisición de cisternas de agua, y la retirada de escombros y lodos, además de todas aquellas intervenciones necesarias para la prestación de servicios básicos.
La asignación de los 2,7 millones previstos se distribuirá entre los municipios atendiendo a la gravedad de los daños sufridos, así como a su población, superficie urbana y capacidad económica. No obstante, se establece una limitación de cálculo para que ninguno de ellos reciba menos de un 1% ni más de un 10% de la cantidad total.
Los alcaldes serán los encargados de presentar las aceptaciones de financiación por vía electrónica a través de la web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local. La Dirección General de Administración Local cuantificará la obligación máxima reconocida para cada uno de los ayuntamientos beneficiarios, que tendrán dos meses para presentar los proyectos de actuación.
