El Puerto recibirá el respaldo unánime de la Diputación en el ‘caso Majarabique’
Todos los grupos de la corporación apoyan una declaración institucional que será leída este miércoles en el pleno
El Puerto de Huelva recibirá este miércoles el apoyo unánime de la Diputación Provincial en relación al 'caso Majarabique'. Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno, que ha adelantado que todos los grupos políticos respaldarán en el pleno una declaración institucional de apoyo a la Autoridad Portuaria de Huelva y su proyecto en la terminal logística de Majarabique (Sevilla), que ha llevado a un enfrentamiento con el Puerto de Sevilla.
Ramos ha asegurado que la actividad portuaria en Huelva “se está convirtiendo en el motor económico de la provincia y como institución provincial felicitamos a la Autoridad Portuaria”. La resolución de licitar el contrato para la explotación de servicios de la terminal ferroviaria en la zona logística de Majarabique, “supone una noticia muy positiva” para la provincia, ya que “sumando crecemos siempre”, ha asegurado el portavoz socialista.
Con esta declaración, la Diputación de Huelva sale en defensa del Puerto onubense, después de optar por concurso a la adjudicación de dicha terminal, lo que desde el Puerto de Sevilla se entendió en un principio como un acto de competencia desleal y alteración de los precios públicos.
Último pleno del año
En relación a las iniciativas que se presentarán en la sesión plenaria, la última del año, José Luis Ramo ha destacado la defensa de un gran Pacto Local que defina las competencias de ayuntamientos y diputaciones así como su financiación.
Los otros asuntos que se tratarán en en la sesión de mañana, a propuesta de los socialistas, son las pensiones de viudedad y su garantía en el sistema público de pensiones, “un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar”, y la petición al Gobierno de la Nación de que el proceso de regulación del Catastro se lleve a cabo con total rigor en la actividad inspectora ante el temor de un “gran catastrazo” con tasas que consideran “abusivas”, en palabras del portavoz socialista.
Ramos ha explicado en rueda de prensa que el pleno pedirá al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados que inicie la reforma de la Ley de Bases del Régimen Local, como resultado de un gran pacto local consensuado con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con el objetivo de clarificar el ámbito de competencias de ayuntamientos y diputaciones y su financiación.
El grupo socialista defenderá el papel de las diputaciones provinciales en la articulación territorial y administrativa del país y respaldará un proceso de modernización y adaptación de sus estructuras sin que ello implique recortes en su capacidad de mejorar el desarrollo económico y social de las provincias. Asimismo, instarán al Gobierno de España y al Congreso de los Diputados a que se defina en la reforma de la legislación local el papel de las diputaciones para garantizar la autonomía local de municipios menores de 20.000 habitantes y la cohesión y vertebración territorial de la provincia.
En este sentido, pedirán al Gobierno de España que en los Presupuestos Generales del Estado se amplíe al cien por cien la tasa de reposición del personal funcionario al servicio de las administraciones locales, “para garantizar una mejor prestación de los servicios públicos”.
En la segunda de las mociones, el grupo socialista defiende el mantenimiento de las pensiones de viudedad dentro del Sistema Público de pensiones, como garantía de los derechos de cotización y los derechos consolidados, de manera que no implique recortes en prestaciones ni pérdida de derechos para las personas que perciben estas pensiones. Asimismo rechaza cualquier reforma relativa a las pensiones que no se lleve a cabo en el marco del Pacto de Toledo.
Tasa "abusiva" en la regularización de inmuebles
Por último, Ramos ha señalado que el pleno solicitará a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la supresión de la tasa de 60 euros que se está aplicando a cada inmueble regularizado o en su caso una reducción que se ajuste al coste real del servicio para cada ciudadano, pues “parece abusiva” siendo el catastro competencia exclusiva del Estado.
A través de esta moción el grupo socialista propone que sean atendidas las reclamaciones de aquellas personas que no fueron notificadas en tiempo y forma, teniendo en cuenta los fallos producidos en el procedimiento y que no quede ningún ciudadano en indefensión ante la Administración.
Se estima que este proceso podría afectar a unas 46.000 viviendas en la provincia de Huelva, alterando de forma muy significativa el valor catastral, un cambio que podría aumentar sustancialmente el IBI, y que supondría una carga más para la población de Huelva y provincia.
