viernes. 29.03.2024
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La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana

El fiscal solicita la pena para cada uno de los seis acusados, y es la primera acusación de las diez querellas remitidas por la Fiscalía de Sala
La Fiscalía pide casi cuatro años de cárcel por extracción ilegal de agua en Doñana

El fiscal solicita la pena para cada uno de los seis acusados, y es la primera acusación de las diez querellas remitidas por la Fiscalía de Sala

La Fiscalía Provincial de Huelva ha solicitado tres años y diez meses de prisión para cada uno de los seis acusados de extraer agua sin autorización en Doñana en una finca ubicada en Almonte, conocida como 'La Borrachuela', y cuya causa está instruyendo el juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado.

El fiscal considera que estos hechos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales. Alternativamente, señala que para el caso de no apreciarse en el comportamiento de los imputados la concurrencia de una situación de grave incidencia en el equilibrio del sistema natural, constituiría un delito continuado de distracción de aguas.

Se trata de la primera acusación de las diez querellas remitidas por la Fiscalía de Sala. Según ha podido confirmar la agencia Europa Press, el fiscal advierte que "la conducta punible" de los acusados se centra en las extracciones realizadas en la finca 'La Borrachuela', teniendo una superficie de 150 hectáreas y siendo propiedad de la sociedad que a su vez cedía la explotación de las misma a otras tres empresas. Esta finca está situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, "siendo los aportes del arroyo al acuífero de gran importancia para la marisma de Doñana".

Además de la petición de prisión para los acusados, el fiscal solicita el pago de multas de unos 12.000 euros por cada uno de los acusados y de 24.000 por cada una de las empresas para indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, además de solicitar el precinto de los pozos ilegales.

Las empresas explotadoras "han estando utilizando agua subterránea del acuífero 27 para sus respectivas actividades agrícolas", sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan. Estas extracciones se llevaron a cabo en el periodo de 2009 a 2012, por lo que se ha producido "una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero" por parte de estas empresas que se dedicaban al cultivo de la fresa y el arándano.