viernes. 19.04.2024
El tiempo

Bancos se solidarizan con afectados de la presunta estafa de MandiMotor

Entidades financieras llegan a acuerdos con víctimas del supuesto fraude para devolver cuantías y paralizar créditos. El caso ha llegado a las amenazas y los insultos
Bancos se solidarizan con afectados de la presunta estafa de MandiMotor

Entidades financieras llegan a acuerdos con víctimas del supuesto fraude para devolver cuantías y paralizar créditos. El caso ha llegado a las amenazas y los insultos

El caso de la presunta macroestafa de MandiMotor Huelva, de compraventa de coches de segunda mano, está alcanzando una gran complejidad debido a la gran cantidad de documentos y pruebas que se están recabando para interponer una demanda conjunta. Mientras una treintena de casos están siendo investigados por los juzgados de manera individual, el investigador privado anda tras la pista de más pruebas para aportarlas en la demanda.

Mientras tanto, la asociación de afectados, además de hacer acopio de nuevos casos, ha visto cómo han sido algunas entidades financieras –con las que se llevaron a cabo las operaciones supuestamente fraudulentas- las que han dado el primer paso y, tras estudiar cerca de una decena de casos particulares, han acordado en algunos casos la devolución de las cuantías –en la mayoría de los casos las entradas abonadas- aportadas por los vehículos, y en otros casos se han paralizado créditos. Aunque otros no han tenido tanta suerte y deberán aguardar a las decisiones judiciales. Sea como sea, todos estos casos están en “vías de solución”, con expedientes paralizados por la financiera.

Así lo ha confirmado Juan Carlos Martín, portavoz y presidente de la asociación de afectados, que también ha asegurado que han recibido, por parte de personas vinculadas a los responsables de la empresa, amenazas e insultos. Incluso “uno de ellos se hizo pasar por un trabajador de una financiera”, ha dicho Martín a este periódico.

El propio Juan Carlos Martín ha admitido que los plazos no están yendo como esperaba la asociación. El hecho de que los tribunales estén investigando los casos ha frenado, o más bien desacelerado, las pretensiones de la asociación para presentar la macrodemanda colectiva. No obstante, el proceso sigue en pie y, aunque todavía no tienen previsiones de fecha para presentar esta demanda, la asociación continúa reuniendo toda la documentación posible, con la ayuda del detective, para aportar al juzgado y a la Fiscalía todos los expedientes, documentadas de la mayor manera posible.

El caso ha motivado numerosas denuncias en la comisaría de la Policía Nacional, donde los afectados han trasladado que los vehículos eran entregados en depósito por particulares u otros comerciales al ahora detenido para la exposición, promoción y venta en su establecimiento. Según constató la Policía, como ya dio a conocer públicamente, los vehículos eran vendidos a otros particulares de buena fe a los que se le entregaba documentación provisional con el argumento de la demora en los trámites. Por otro lado, a los afectados se les daban excusas para no liquidar el pago procedente de la venta de su vehículo, dinero del que se apropiaban.

Los clientes, tras la sucesión de evasivas dadas por la empresa, terminaban descubriendo la situación de su vehículo bien por gestiones en la Jefatura de Tráfico, consultas en Internet, multas, etcétera. El grupo especializado de la Policía Nacional inició la investigación tras el conocimiento de que tanto el establecimiento como el responsable de la empresa tenían varias denuncias anteriores.

La sucesión del elevado número de denuncias en un breve periodo de tiempo y el precipitado cierre del establecimiento llevó a la conclusión de que se trataba de hechos premeditados con el objeto de presuntamente conseguir la mayor suma de dinero antes del cierre previsto de la actividad.