SOS Bebés Robados recurre al Constitucional el robo de la hermana de Ornedo
Es el segundo recurso que se presenta por el caso que afecta directamente a la presidenta del colectivo, Esperanza Ornedo.
La asociación SOS Bebés Robados de Huelva ha presentado, con fecha de este martes 17 de junio, un recurso ante el Tribunal Constitucional frente al auto que dictó la Audiencia Provincial de Huelva el pasado 2 de mayo de 2014, en el caso del presunto robo de la hermana de Esperanza Ornedo Mulero, presidenta de este colectivo, hecho que tuvo lugar en marzo de 1968 en el hospital Manuel Lois García de la capital onubense. Se trata del segundo recurso de este caso y el cuarto en nuestra provincia.
Este recurso pretende, al igual que el anterior, pretende al órgano jurisdiccional al que se dirige, en este caso el TC, a que se pronuncie sobre este tema debido al vacío legal que en esta materia existe actualmente, con el objetivo de continuar la investigación sobre estos casos.
El auto recurrido en esta ocasión se refiere a la resolución de la Audiencia Provincial del 19 de noviembre de 2012, en el que optó por archivar los casos de bebés robados en Huelva por considerar que los delitos estarían prescritos. Los cinco juzgados de Instrucción de la capital han hecho suyas dichas consideraciones y han considerado prescritos todos los asuntos que conlleven más allá de 15 años desde el nacimiento del presunto bebé robado, y por ende del presunto delito. Esto ha originado que poco a poco todos los procesos judiciales se estén archivando sistemáticamente y que no se pueda seguir investigando sobre los mismos.
De esta forma, actuaciones denunciadas por SOS Bebés Robados como presuntamente irregulares del hospital Manuel Lois y de la clínica privada de La Merced, entre otras, así como presuntas actividades irregulares de profesionales del sector sanitario –principalmente referidas a ginecólogos, matronas, y enfermeras de la época- y religioso se han quedado paralizadas por orden judicial. Por ello, el colectivo lamenta que “no se permite a día de hoy investigar sobre estos temas en Huelva, a pesar de existir numerosas pruebas judiciales que indagar”.
Sin embargo, el hecho de que la Audiencia de Madrid mantuviera, el 28 de septiembre de 2012, un criterio distinto a la del juzgado onubense es lo que ha impulsado a este colectivo a reclamar justicia ya que considera que se está teniendo un trato desigual “según el lugar donde ocurrieron los hechos, así tendrás derecho a investigar tu asunto".
En este sentido, el colectivo considera que “se han vulnerado derechos constitucionales de ciudadanos onubenses desde el mismo momento que hechos idénticos son tratados de forma diferente en otra parte del país, se acude al Tribunal Constitucional para que despeje las dudas planteadas y siente un criterio que iguale doctrinas de todas las Audiencias en España”.
El colectivo considera que , debido a que en Huelva hubo casi una veintena de profesionales –sanitarios y religiosos- imputados por estos procedimientos, “el devenir de este recurso traerá consecuencias muy importantes a esta ciudad, tanto en el plano de los imputados como en el de las familias afectadas”.
