Ecologistas recurren las asignaciones de derechos de emisión de CO2 otorgados por Medio Ambiente a las cementeras
La Autorización Ambiental Unificada (AAU) solicitada para proceder a la quema de residuos ha supuesto un quebradero de cabeza para los directivos de la cementera de Niebla. La empresa ha contado con la oposición del Ayuntamiento, la inmensa mayoría de los vecinos, y el mismo planeamiento urbanístico.
Esta cefalea se ha visto esta semana multiplicada por una denuncia de la Coordinadora Estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras, que ha recurrido las asignaciones gratuitas de derechos de emisión otorgadas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a diversas fábricas de cemento para el periodo 2013-2020.
La organización denuncia que el sector de cementos "disfruta" de unas asignaciones gratuitas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que están "muy por encima" de las emisiones reales. Esto ha provocado que las cementeras obtuvieran ganancias de 400 millones de euros con la venta de los derechos de emisión sobrantes que obtuvieron, también de forma gratuita, entre 2008-2012. Sin embargo, España tuvo que comprar derechos de emisión por un importe de 700 millones de euros, al aumentar las emisiones por encima de lo que fijaba el Protocolo de Kioto.
Las instalaciones beneficiadas con estas asignaciones pertenecen a sectores industriales emisores de gases de efecto invernadero, tales como la fabricación de cemento, cal, vidrio, siderurgia, refino de petróleo, sector químico, papelero o cerámico.
Hay que recordar que, según las asignaciones finales publicadas en el BOE, a la Sociedad de Cementos y Materiales de Construcción de Andalucía de Niebla, cuya empresa matriz es Cosmos Sur, corresponden unos derechos de emisión de 2,6 millones de toneladas en el periodo 2013-2020, a razón de 324.307 toneladas por año.
la coordinara reclama que se ajuste a la baja la cifra de asignaciones gratuitas a "todas" las fábricas de cemento y, no solo a siete. Por ello, varias plataformas y organizaciones integradas en la coordinadora estatal de Plataformas contra la Incineración de Residuos en Cementeras han interpuesto un recurso contra la resolución de 28 de febrero del secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, que ajustó a la baja los derechos de emisión para el periodo 2013-2020 de 163 instalaciones (entre las que figuran 7 fábricas de cemento). Esos derechos de emisión gratuitos se han ajustado por la reducción en la actividad productiva de las instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión con anterioridad al 1 de enero de 2013.
El sector del cemento obtuvo de la Administración en noviembre de 2013 una media de 21,9 millones de derechos de emisión gratuitos anuales en el periodo 2013-2020, cuando las emisiones en 2012, (último año del que se tienen datos) fueron de 11,5 millones de toneladas de CO2. En el periodo 2008-2012 los derechos de emisión superaron a las emisiones en 56 millones de toneladas, lo que supuso unas ganancias para el sector cementero de alrededor de 400 millones de euros.
